Ilustraciones: Carlos Lescano

Parece un título que antecede un artículo más bien abstracto donde el continuo cotidiano que a veces se llama realidad va a quedar bastante lejano. Lo loco es que puede que lo primero sea cierto pero lo segundo parece mucho más improbable. Como hace ya muchos años señalaba Alfred Sohn-Rethel “Si esta tesis resultase convincente, terminaríamos de una vez con la vieja idea de que la abstracción es un privilegio exclusivo del pensamiento; la mente ya no estaría encerrada en su propia inmanencia.” (2001, p.17). Vayamos desde lo “empírico” —que es algo distinto a lo concreto— hacia terrenos de los que suele considerarse como “abstracto”. En todo caso, veremos cuán real resulta esta última aseveración.

La cuestión de la reforma judicial y tributaria está sonando mucho en la coyuntura. Se habla de la necesidad de reformar la justicia, se duda acerca de si la reforma propuesta por el gobierno es lo suficientemente radical, del impuesto a las grandes fortunas (perdón: el aporte único y extraordinario a las grandes fortunas) que ahora sí estaría pareciendo que estaría por llegar luego del camino sinuoso en carreta desde el alto Perú. Inclusive podríamos nombrar la Ley antidespidos, los ATP, la Ley de teletrabajo, entre otras. La pregunta que cae de maduro es ¿algunas de estas leyes o proyectos de ley van a modificar en algo la vida de las personas? Veámoslas una a una.

La reforma de la justicia tal vez genere algunas modificaciones en cómo es concebida la justicia, aunque lo más importante sería que modifique cómo la justicia nos trata y nos piensa a nosotrxs. Esto, si se vota, si posteriormente se reglamenta, si no queda trabada por la misma justicia; todas cuestiones súper realistas que después de 12 años de kirchnerismo, a esta altura, medio que ya las sabemos todxs. Y nótese que ni siquiera nos metimos con el asunto de su tibieza manifiesta.

Respecto a la cuestión de la contribución de las grandes fortunas, se trata de las fortunas declaradas y a personas físicas y no jurídicas. En un país y en un mundo donde lo que impera es la financiarización del capital y una de sus expresiones, los paraísos fiscales, es clara la descomunal diferencia entre lo que está declarado y lo que se fue a Punta del Este, las Islas Caimán o Luxemburgo. Incluso se da nuevamente (ténganse en cuenta los numerosos blanqueos de capital de la historia reciente del país) cierta paradoja, ya que aquellos con mayor porcentaje de riqueza declarada, son los que van a tener que poner más. A su vez, respecto a gravar a las personas físicas y no a las empresas, cualquiera que haya estudiado el tema y tenga honestidad profesional, sabe que la fuga y la evasión se dan principalmente a través de estas empresas pulpos. Es más, la morfología de estos holdings tiene como objetivo facilitar los mecanismos de evasión y elusión impositiva. Acá suele aparecer el argumento de que “prendimos la máquina que calcula la correlación de fuerzas y no daba para más…” (Horacio González dixit). Pero seamos buenos, si efectivamente sucede, se supone irá a financiar la urbanización de barrios, villas y asentamientos populares, material para el personal de salud, para becas progresar, entre otros.

Según La Izquierda Diario, al día 23 de agosto, se produjeron 750 mil despidos (http://www.laizquierdadiario.com/5-5-millones-de-trabajadores-afectados-por-despidos-suspensiones-y-ataques-al-salario). Según el Indec, en el primer trimestre del 2020 (teniendo en cuenta sólo el primer mes de los de cuarentena) “La tasa de empleo se redujo en 0,8 puntos porcentuales (p.p.), mientras que la ocupación demandante se redujo en 1,1 p.p. Como también ocurrió en los primeros trimestres de los últimos años, la tasa de desocupación mostró una suba de 1,5 p.p. en este trimestre. Todas estas variaciones son estadísticamente significativas(…) La tasa de desocupación se incrementó principalmente entre quienes tenían una ocupación anterior y, en términos de tiempo de búsqueda, crecieron especialmente quienes llevan de 3 a 6 meses buscando empleo.” (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_1trim20AF03C1677F.pdf)

En su nota del domingo pasado en el suplemento Cash de Página 12, Héctor Recalde señala que el Ministerio de Trabajo informó a principios de agosto que en los últimos doce meses se perdieron 409.000 puestos de trabajo, con una caída interanual de 3,4 puntos en mayo. (https://www.pagina12.com.ar/288102-el-bloque-de-poder-quiere-avanzar-sobre-derechos-laborales )

Es claro que la ley antidespidos fue una medida positiva, aunque sería un error pedirle algo que lejos está de poder realizar. En ese sentido, es probable que los ATP hayan tenido mejores resultados. Recordemos, con los ATP el Estado paga gran parte de los sueldos a los trabajadores evitando de esta manera que los echen, aunque no necesariamente que los suspendan (el porcentaje que paga de los salarios varía según la zona del país y los montos salariales). Ergo: de esta manera se engrosan las ganancias de las empresas y en esta movida entraron todas (grandes y chicas). Por suerte, desde fines de mayo empezaron a exigir a las empresas que se acogieran a la ayuda “la prohibición de distribuir utilidades por los períodos fiscales cerrados a partir de noviembre de 2019, recomprar acciones, adquirir títulos valores en pesos para venderlos en moneda extranjera o transferirlos al exterior y realizar erogaciones a sujetos “relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se halle en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación”. Estas condiciones antes solo aplicaban a las compañías de más de 800 empleados que ingresaran en el programa, pero desde este mes, se extendió a todas las firmas.” Se queja La Nación y lloran los grupos económicos (https://www.lanacion.com.ar/economia/atp-mas-280-empresas-devolvieron-ayuda-oficial-nid2371617)

Es difícil hacer un análisis sobre la reciente Ley de teletrabajo pero si nos acogemos a los ejemplos expresados, ciertamente cobra toda su vigencia el refrán popular “hecha la ley, hecha la trampa”. Es curioso lo que pasa cuando nos paramos a meditar sobre este dicho: no es solamente cierto desde un punto de vista práctico, lo es también desde un punto de vista lógico. Ley y trampa son un par inseparable, el uno lleva al otro y viceversa.

Como decía al principio, no hace falta irse muy lejos en la historia para encontrar múltiples ejemplos de lo aquí expuesto. Si se quiere, la Ley de medios es el caso más grotesco. Después de haber sido votada y reglamentada, nunca llegó a aplicarse en sus puntos más sustanciales para, finalmente, terminar siendo borrada de un plumazo —Miauricio mediante—. De distintas formas y mediante múltiples rulos, la política económica kirchnerista mantuvo un cierto rasgo impotente. En su libro “Los tres kirchnerismos”, Kulfas señala el problema de los instrumentos de política económica de objetivos múltiples. Cómo las medidas inflacionarias terminaban trabando los mecanismos de inclusión social y generación de trabajo, o cómo en muchos casos las restricciones a las importaciones terminaban por resentir el nivel de actividad económica (es el caso típico de insumos y bienes de capital). Según esta postura, el problema estaba en el diseño y la falta de articulación entre las distintas políticas y, por consiguiente, entre las distintas áreas del gobierno kirchnerista. Claro, frente a problemas técnico-políticos nada mejor que soluciones técnico-políticas. Como si se tratase de un problema de capacidades o aptitudes o, incluso, de roscas políticas al interior de la estructura del Estado. Como si estos problemas y las causas que nombra —que aclaremos que sin duda existieron y existen— no fueran la manifestación de un problema más grande, el síntoma de otro tipo de afección. Si bien las metáforas entre medicina y ciencias sociales suelen estar sanamente desaconsejadas, me permito aquí recordar esta idea de “la enfermedad como camino”, el síntoma o la dolencia no son más que la manifestación de algo que no estamos pudiendo resolver y se nos hace carne en algún lugar o zona de nuestro cuerpo…

Otras posturas más lúcidas se esfuerzan en trazar la relación entre las medidas económicas, la disputa política y el sustrato social capaz de llevarlas adelante. De esta manera, el sistema impositivo, en términos conceptuales, expresa el distinto peso económico y las diversas correlaciones de fuerza entre las diferentes clases y fracciones de clase y cómo se van produciendo variaciones en dichas determinaciones. Es el caso, por ejemplo, del impuesto mobiliario bonaerense que estuvo en boga antes de la pandemia “La distinta evolución del impuesto inmobiliario en las provincias de la región pampeana remite, probablemente al diferente peso económico-social de los diversos sectores sociales, a la forma específica en que se articulan los partidos políticos con las fuerzas sociales, a las modalidades bajo las cuales se expresan los cambios en las relaciones de fuerza entre los sectores políticos, al tipo de relaciones entre las fracciones políticas locales y nacionales y entre el poder provincial y el nacional.”(Arceo y Basualdo; 1997, p.70). Evidentemente, se trata de una cuestión clave porque vuelve a reconectar la esfera de lo económico con la esfera de lo político, la trascendencia en lo económico tiene que tener su correlato en lo político y esto es lo que se suele entender como poder económico. Si esto es así, en tanto no sea afectado el dominio económico de ciertos sectores, poco vamos a poder esperar de ellos —podemos hablarle con el corazón, pero ya sabemos con qué nos van a contestar—. Esto puede parecer una obviedad, pero como suele suceder, en la obviedad esta la clave. Volvamos al ejemplo del impuesto a las grandes fortunas. Su objetivo es mitigar los efectos devastadores de la pandemia y no socavar el poder económico real argento. El poder económico limita, fractura o frustra las posibilidades de repartir un pelín la torta. Su argumentación siempre es la misma: criticar la medida por lo que la medida no hace, ponerse en lugar de las víctimas que sufren la arcaica naturaleza expropiadora peronista (naturaleza que tiene mucho más de mito que de realidad). Así el poder se manifiesta en la capacidad de estos sectores de quedar parados del lado de las víctimas, de invertir la realidad. Pero desde el lado de los gobiernos nacionales populares surgen dos cuestiones: si te van a criticar por expropiador hagas lo que hagas, por ahí te conviene convertirte en el fantasma que ellos ven en vos; los pases de magia ideológicos del poder económico no afectan el hecho de que la aplicación de la medida no compromete en nada al poder económico real de la argentina, aquel que es principal responsable del hambre, la miseria, la desocupación, la deuda y la fuga. Esto deja a los gobiernos nacionales populares en una situación un tanto paradójica y difícil de conceptualizar, un híbrido que no termina de ser ni lo uno ni lo otro. Por ahora, quedémonos con la necesidad de encontrar las formas en que se vinculan los impuestos y el dominio económico, el derecho y la acumulación del capital: la política y la economía.

Es importante entender que todas las medidas de política económica hasta aquí revisitadas, a pesar de todas sus limitaciones, constituyen y constituyeron cierto avance para aquellos que entendemos la desigualdad como un problema. Pero eso no quita —más bien lo contrario— la necesidad de someterlas a un análisis crítico (y estas palabras no pretenden ser más que una mera contribución a ello).

Una de las tareas que hago a cambio de un salario (aunque no solo por eso) consiste en dar talleres sobre diversos temas. En general trabajo con gente de sectores populares. Cuando trato de rescatar y transmitir la importancia de los derechos conquistados a lo largo del tiempo, lo primero que resalto es justamente eso: se trata de conquistas y no de dádivas, nadie te/nos regala nada. Luego uso la figura de letra muerta para apuntar al hecho de que los derechos no sólo se conquistan, sino que una vez instaurados, se “militan”. Por último, trato de argumentar acerca de la importancia de los derechos que figuran en nuestra Constitución Nacional (trabajo, salud, educación) a pesar de que no se cumplan. Es mejor que estén ahí escritos porque llegado el momento, tal vez podamos defender nuestras posiciones apoyándonos en ellos. Recapitulemos concretizando: yo, ser de clase media al que no le faltó nada, les hablo a ellos de la importancia de los derechos. No lo hago con petulancia ni mucho menos, pero la realidad es que mientras yo sé que estos derechos no se respetan, ellos son derechos no respetados. Para ilustrar el punto resulta genial remitirnos a la película de Martin Scorsese, la remake de “Cabo de Miedo” estrenada en 1991. Después de largos años, Max Cady (Robert De Niro) cumple finalmente su condena y sale de la cárcel. Los años preso, lejos de haberlo vuelto desmemoriado, le han dado ínfulas a su sed de venganza contra Sam Bowden (Nick Nolte) quien fuera su abogado en aquel entonces. Parece que Sam ocultó deliberadamente pruebas en el juicio que podrían haber menguado la cantidad de años de condena de Max, al que se lo acusaba por haber violado y golpeado a una mujer. El abogado decidió omitir esas pruebas yendo contra su juramento dado que consideraba que los crímenes de Cady merecían que estuviese en la cárcel la mayor cantidad de tiempo posible. El Cady que entró a la cárcel y el que salió no podrían ser más distintos. No sólo por las vejaciones que sufrió sino porque pasó de ser un analfabeto a un ferviente lector de la Biblia y de Nietzche, y se recibió de abogado. Para completar el cuadro, en su celda de la cárcel tiene un poster de Stalin y un retrato de la entrada de Carlo Magno a Babilonia. Una formación un tanto heterodoxa que, combinada con sus orígenes y su historia, lo convierte en un loco, o un genio, o ambas.


https://www.youtube.com/watch?v=zOFDic2ZXMI&list=PLsUEZTj6VtFj9sVENMuoELSxHmXLs8npr&index=4&t=0s (versión en castellano)




En esta escena se presenta con claridad el elemento que el derecho niega y que, paradójicamente, es probablemente una de sus mejores virtudes. El derecho plantea una igualdad ante la ley al considerarnos a todxs como ciudadanxs y, ciertamente, esto no es solamente una mera apariencia. Si se quiere, es como un juego… pongámosle como el fútbol. No importa la clase social, tu historia, tu trayectoria: si jugas bien te vas a convertir en un jugador trascendente y a eso no hay con qué título darle. Pero a la vez, esta supuesta igualdad, tiene como efecto esconder la desigualdad real. Por ello entonces la igualdad formal es cierta y falsa al mismo tiempo: falsa porque es una abstracción que opera desconociendo la diferencia y real porque… ¡opera!, constituye y nos constituye (también) en lo que somos. Retornamos entonces al principio, a la idea de abstracción real. Cady tiene plena conciencia de este hecho. La combinación entre su vida, el estudio del derecho y Nietzche le dan todos los elementos necesarios para poder aprehender esta realidad. Él sabe en carne y en espíritu la diferencia radical entre él y Sam, diferencia que no se puede eclipsar ni por el artificio de la ley ni mucho menos por el hecho de que ambos sean abogados. Es esto —antes que nada— lo que lo convierte en el ser peligroso que es, conoce sin aspirar, puede pasar de un lado al otro de la legalidad fluyendo cual pez en el océano. Por eso no hay nada que Sam le pueda ofrecer que le interese, no hay soborno que lo pueda convencer. Y esto también es interesante en la medida en que podríamos suponer que cuando Sam le ofrece dinero se está corriendo de su papel de abogado, está rompiendo con la ley: no obstante, un soborno no es más que un arreglo sin sello del Estado, tiene exactamente la misma lógica. Por eso Cady se pone a calcular cuánta plata le ofrece en función de la cantidad de años que estuvo preso: le demuestra el absurdo de medir peras y manzanas con la misma regla.

Tener derechos es ser un privilegiado. Nuevamente, basta con salir a dar una vuelta para darse cuenta la naturaleza prácticamente verídica de la afirmación. Más difícil es darse cuenta que también es verdadera en sí misma, sin necesidad de contrastarla con nada. Pero nuevamente, vayamos desde lo empírico a lo abstracto. Ciertamente todos los derechos que hoy conocemos y muchos de los cuales se encuentran consagrados en nuestra Constitución, nacieron como privilegios. En la Argentina de mediados del siglo XIX a nadie se le hubiese ocurrido que tener servicios públicos era un derecho y no un privilegio. Al mismo tiempo, por citar un ejemplo, el palacio de Urquiza en Entre Ríos fue, en aquellos tiempos, uno de los primeros en contar con un sistema de recolección de agua de lluvia en los patios, cañerías, bombas y malacates. Por tanto, ya desde un punto de vista histórico podemos observar la relación entre privilegio y derecho. Si nos situamos en el presente, como decía, es claro el peso muerto de la ley. Por eso, de un lado o del otro del tiempo, nos encontramos con un resultado similar en cuanto a lo que se refiere a la relación entre estas dos palabritas: el privilegio se trastoca en derecho y el derecho en privilegio (lo cual no implica negar ni denostar las conquistas de derechos por parte de los sectores populares). Pero la clave pasa por lo que se esbozaba anteriormente, el derecho al negar la diferencia termina por consagrar el privilegio, si plantea una igualdad formal y abstracta esconde la diferencia. Entonces, el resultado no puede ser otro que la consagración de la diferencia. Y esto es, antes que nada, un problema lógico (que tiene raíces históricas), no se trata de un adjetivo que le podamos sacar o poner. Las ideas madre son dos: una es el contrato, la noción de que nos podemos poner de acuerdo en algo y sellarlo con un apretón de manos. Nuevamente, el apretón de manos no es casual ya que denota un símbolo de igualdad de condiciones, pero también de intercambio: yo te doy esto a cambio de lo otro. Detrás de esta lógica —no podía ser de otra manera— está la noción de propiedad privada. Para decidir voluntariamente darte algo a cambio de otra cosa, ese algo primero tiene que ser mío. Por tanto, mi libertad se manifiesta en que yo tengo, yo poseo y entonces ahí decido volver mi libertad acto de intercambio. Nótese que hasta el acto de intercambio mi libertad es pura suposición, algo que sólo está en mi cabeza, para ser tiene que poder expresarse. Este es el encadenamiento conceptual que está por detrás de la idea de derecho, propiedad-libertad-contrato. Es evidente entonces que la clave para que esta idea funcionase era que todos tuviésemos algo para dar y aquí aparecía el primer escollo. Aclaremos, esto no es más que un ejercicio expositivo lógico y como parándose por fuera; no es que se trate de una invención que el capitalismo tuvo que hacer sino en todo caso de la invención del capitalismo, el artificio conceptual pero también el sustrato cultural que encontró para poder ser y para poder justificarse. Por eso la clave aquí también es la mercancía fuerza de trabajo, la idea de que ya no vendo lo que produzco sino mi capacidad de trabajar, así como una pura aptitud carente de un contenido específico. Esta era la única igualdad abstracta que podía tener un sustrato de realidad, la única forma en que la igualdad podía tener algún sustento. Como bien señala Marx sobre los límites de Aristóteles:

“El secreto de la expresión de valor, la igualdad y equiparación de valor de todos los trabajos, en cuanto son y por el hecho de ser todos ellos trabajo humano en general, sólo podía ser descubierto a partir del momento en que la idea de la igualdad humana poseyese ya la firmeza de un prejuicio popular. Y para esto era necesario llegar a una sociedad como la actual, en la que la forma-mercancía es la forma general que revisten los productos del trabajo, en que, por tanto, la relación social preponderante es la relación de unos hombres con otros como poseedores de mercancías.” (1975, p.26)

La otra idea madre es la de la norma. Lo que vuelve a la ley efectiva, lo que le hace tener algún sentido es, justamente, que trata a todos por igual. Lo que se suele denominar como imparcialidad. Es esta su principal virtud y a la vez su principal defecto. La norma viene a garantizar esto, mediante ella todxs sabemos no sólo a qué atenernos sino también a qué se va a atener el que esté del otro lado del banquillo.

¿Quién garantiza que la ley se cumpla? ¿Quién garantiza los procedimientos y normas pertinentes? ¿Quién garantiza el resguardo de la propiedad, el debido proceso, el derecho a la defensa, el cumplimiento de la condena?

El Estado lleva implícito en sí esta idea de derecho, de norma y de propiedad. Aparece antes que nada bajo la figura de garante del contrato entre privados, luego como quien se encarga de la efectivización de la norma mediante los procedimientos administrativo-burocráticos correspondientes. En una democracia, sus autoridades son electas mediante el voto ciudadano, la igualdad se observa en que cada voto vale lo mismo. Por eso, en el mejor de los casos (democracia representativa) nuevamente la diferencia queda eclipsada.

En la medida en que el Estado va en busca de la diferencia, tratando de legislar medidas que afecten diferenciadamente a cada clase social, tratando de distribuir progresivamente la riqueza, a la larga o a la corta se topa contra sus propios límites como Estado: tanto por el hecho de que su constitución (en el doble sentido) parte de desconocer la diferencia, como en cuanto a que no le queda otra que terminar por afectar lo que se supone que vino a respetar y salvaguardar: la propiedad privada de los medios de producción (que es desde donde emanan los propios recursos del Estado para realizar medidas de política económica). Por ello cuando el liberalismo y/o el neoliberalismo confunden libertad y propiedad, tan errados no están. A confesión de partes…

De esta manera no resolvemos los problemas planteados en la primera parte, pero al menos sabemos desde dónde vienen y tenemos un poco más de idea del caldo de contradicciones en el que estamos metidos. Por otra parte, todo este ejercicio intelectual que —seguramente— podría ser calificado como “snob” o algún adjetivo similar, no obstante, tiene la virtud de recuperar las razones por las cuáles muchas veces la población muestra apatía frente a algunas de las discusiones revisitadas al principio. En vez de hacer la típica crítica clase mediera “progre” del problema de la falta de educación y el eslogan de “la falta de cultura del trabajo”, en vez de querer que lxs otrxs se parezcan a nosotrxs, intenta apelar a un diálogo que recupere lo mejor de las dos miradas. Y lo más importante: sin negar la diferencia, ni en cuanto al análisis ni en cuanto a sus resultados. En este sentido, la pregunta es ¿la mejor forma de intervenir sobre la realidad es “predicando” el enfoque de derechos? ¿No sería más inteligente, y potencialmente mucho más fructífero, propiciar la afirmación en la diferencia? ¿Por qué convencer a aquellos desclasados, desempleados, desharrapados que el mejor de sus horizontes está en la máquina de picar carne del trabajo asalariado? ¿Mucho mejor que la inclusión no es la subversión?

Parafraseando a Max Cady

“Creo que usted no entiende realmente de lo que estamos hablando aquí”.

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